Ojalá se elimine el fuero para que el señor (Javier Corral), no tuviera donde esconderse, porque es tan cobarde que en cualquier falda se esconde.”, sentenció la mandataria estatal
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, confirmó que la próxima semana viajará a la Ciudad de México para sostener reuniones con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), en una agenda que combina la defensa sanitaria del hato ganadero con un tema de alto voltaje político y jurídico: la atracción federal del caso contra el exgobernador Javier Corral Jurado, acusado de un presunto desvío millonario durante su administración.
Campos Galván precisó que uno de los ejes centrales de sus encuentros con la SCJN será el análisis de las acciones que Chihuahua ha implementado para evitar la entrada del gusano barrenador, una amenaza que pone en riesgo la sanidad animal, la economía del sector y la estabilidad de las exportaciones. La mandataria busca exponer la relevancia técnica y estratégica de las medidas estatales, en un contexto de resoluciones judiciales que han generado incertidumbre entre los productores.
Sin embargo, el tono más duro de su posicionamiento se concentró en el expediente contra Javier Corral y en la decisión de la FGR de atraer el caso, lo que ha congelado los avances en el ámbito local. Para la gobernadora, el fondo del asunto no es político, sino de justicia: “Lo importante es que se haga justicia a los chihuahuenses, no que se haga un tema político”, subrayó.
Campos Galván fue directa al cuestionar que el exmandatario no se haya presentado ante las autoridades chihuahuenses para enfrentar los señalamientos en su contra. En un mensaje frontal, lanzó una crítica severa: “Ojalá se elimine el fuero para que el señor no tuviera dónde esconderse, porque es tan cobarde que en cualquier falda se esconde”, sentenció.
La declaración no es menor. En el entorno político local, la percepción es que Corral Jurado ha evadido sistemáticamente comparecer ante las instancias estatales, amparado en recursos legales y en la atracción del caso por parte de la FGR, lo que ha alimentado la narrativa de impunidad. Para amplios sectores, la falta de presencia del exgobernador ante la justicia de Chihuahua no sólo debilita la credibilidad del combate a la corrupción, sino que envía una señal de protección política que contrasta con el discurso de legalidad.
El gobierno estatal sostiene que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente el proceso en la entidad y que la atracción federal no debe convertirse en un mecanismo de dilación. En ese contexto, la visita de la gobernadora a la FGR busca destrabar el caso y exigir claridad sobre los tiempos, el alcance y la ruta jurídica que seguirá la investigación.
Mientras tanto, en Chihuahua persiste el malestar. Ganaderos, empresarios y actores sociales observan con preocupación dos frentes abiertos: la amenaza sanitaria al hato y la aparente parálisis en un caso emblemático de presunta corrupción. Para muchos, ambos temas revelan una constante: decisiones tomadas lejos del estado que impactan directamente en su economía y en su confianza institucional.
La postura de Maru Campos apunta a un mensaje doble. Hacia la Corte, defender la capacidad de los estados para proteger su producción; hacia la FGR, exigir que la justicia no se archive ni se negocie. Y hacia Javier Corral, una interpelación pública que resume el sentir de buena parte de la opinión local: que deje de esconderse y enfrente los cargos que se le imputan. En un estado golpeado por escándalos y por la desconfianza, la exigencia es clara: menos discursos y más comparecencias.